Minatitlán, Veracruz.- La credibilidad del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Minatitlán quedó severamente cuestionada este lunes, luego de que Judith “N”, quien se desempeñaba como titular del área jurídica del organismo, fuera detenida por agentes ministeriales por su presunta responsabilidad en delitos de violencia familiar y lesiones.
La aprehensión ocurrió a plena luz del día, justo cuando la funcionaria ingresaba a las oficinas municipales donde, hasta esta mañana, ofrecía asesoría legal a mujeres víctimas de violencia.
Testigos presenciales relatan que Judith, de 46 años, fue abordada por elementos de la Policía Ministerial y conducida a una patrulla sin ofrecer resistencia.
Más tarde, fue trasladada al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, donde un juez de control ya había solicitado su presentación ante una audiencia inicial.
El caso ha provocado una fuerte indignación social, no solo por el perfil institucional de la detenida, sino por el simbolismo que representa: una presunta agresora encabezando un área clave en la defensa de los derechos de las mujeres.
Un discurso institucional en entredicho
Judith “N” había participado recientemente en talleres, foros y campañas públicas de concientización sobre la violencia de género, representando al IMM en espacios donde se exigía justicia para víctimas.
Su detención desató una inmediata oleada de cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y supervisión interna dentro del Instituto.
De acuerdo con fuentes cercanas al Ayuntamiento, no es la primera vez que la ahora exfuncionaria enfrentaba señalamientos.
Meses atrás, fue objeto de críticas por su intervención en casos fuera de la competencia del Instituto e incluso por tratar asuntos jurídicos de otros municipios sin respaldo ni autorización oficial.
A pesar de las advertencias, su cargo fue ratificado sin revisión formal de su historial.
El silencio del Ayuntamiento también ha encendido las alarmas. Ni la directora del IMM, ni la alcaldesa Carmen Medel Palma han emitido declaraciones sobre lo ocurrido, lo que ha sido interpretado como una estrategia de contención política ante un caso que amenaza con erosionar la legitimidad del gobierno local.
